Todo Ingeniero/a Agrónomo/a debe saber que la colegiacion es un requisito legal imprescindible para ejercer la profesión.
Partiendo de esta obligación, es importante dejar claro, que lo es, independientemente del ámbito en el que se ejerza tal actividad. Es decir, los Ingenieros Agrónomos que trabajen tanto en el ámbito público como en el privado: empresarios/as, cuenta ajena, funcionarios/as, etc.
El Colegio (en Andalucía el COIAA) es la única institución que te representa como Ingeniero/a Agrónomo/a, y defiende tus intereses profesionales. La cuota colegial, es muy económica y desgrava, además de que revierte única y exclusivamente en el Colegio.
Estar colegiado/a, te permite formar parte de una red de profesionales que forman un colectivo sólido, haciendo de tu Colegio una institución fuerte y con voz para defenderte y representarte.
El COIAA además te ofrece:
- Información continuada y actualizada así como formación permanente
- El apoyo del Colegio en la defensa de los intereses de los ingenieros agrónomos empleados públicos.
- Da cobertura a las reclamaciones civiles que puedas tener por tu actividad profesional dentro de la administración.
- Estar al día de todos los asuntos de interés profesional
- Asesoramiento legal totalmente gratuito en cuestiones civil, mercantil, penal y contencioso-Administrativo
- Representación y defensa de la profesión
- Estar en contacto con otros profesionales para establecer alianzas y sinergias profesionales
- Condiciones preferentes y descuentos muy ventajosos para colegiados y familiares.
Al ser un colectivo de más de 1.700 profesionales en Andalucía, podemos conseguir condiciones preferentes con descuentos ventajosos: empresas de seguro, viajes, combustible, servicios sanitarios, etc.
En este sentido, nuestro Seguro de Responsabilidad Civil (aseguramiento colectivo), te ofrece unas coberturas adecuadas a la función pública. Ya que cabe señalar que en el caso de los Ingenieros Agrónomos que ejercen su actividad en el sector público, no cuentan con cobertura de RC por parta de la Administración, que además está legalmente obligada a reclamar al empleado público los posibles daños a terceros causadas por la actividad profesional.